Les instamos respetuosamente a oponerse a cualquier medida que imponga una prohibición nacional a los productos de consumo derivados del cáñamo. Dicha prohibición eliminaría del mercado artículos fabricados de forma responsable y vendidos legalmente, perjudicando a las pequeñas empresas y a los agricultores que cultivan cáñamo.
Desde la aprobación de la Ley Agrícola de 2018, los actores responsables de la industria del cáñamo han operado dentro del marco legal, proporcionando productos confiables, apoyando la creación de empleos y fortaleciendo las economías locales. En lugar de restringir el acceso, el Congreso debería aprovechar este progreso estableciendo un marco regulatorio federal claro y coherente que priorice la seguridad, la calidad y la transparencia, y que elimine del mercado las sustancias sintéticas peligrosas.
Millones de adultos en todo el país utilizan productos de cáñamo para el ocio y para momentos de descanso, relajación y bienestar, que adquieren de forma segura y responsable en los mercados existentes. Una prohibición federal repentina perturbaría este sector y lo haría menos seguro, no más. En cambio, el Congreso debería colaborar con los estados, los expertos y las empresas responsables para crear estándares nacionales coherentes en materia de etiquetado, análisis y cumplimiento normativo.
La industria del cáñamo sustenta más de 300.000 empleos en Estados Unidos y genera cientos de millones de dólares para los agricultores, además de más de mil millones de dólares en ingresos fiscales estatales cada año, contribuyendo significativamente a las economías locales y nacionales. Una prohibición federal pondría en peligro este progreso y eliminaría productos de los que dependen millones de adultos responsables.
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